Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo declaraciones y otros elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación de Noralba Vasco en las actividades de tipo sexual contra varias menores de edad, que fueron víctimas del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Patrón’, ‘El Viejo’, ‘Taladro’ o ‘El Señor de la Sierra’.

La mujer fue la empleada, cocinera, confidente, amiga y la encargada de custodiar el dinero del entonces cabecilla del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC. En cumplimiento de esas tareas, al parecer, captó, trasladó y acogió, por lo menos, cuatro niñas que fueron sometidas a distintos vejámenes entre 2005 y 2006.

Esta persona, presuntamente, ubicó a las menores de edad, de 11 y 12 años, en corregimientos de Santa Marta (Magdalena) y las llevó a las fincas que frecuentaba Giraldo Serna antes de su desmovilización, en febrero de 2006. La investigación da cuenta de que las habría persuadido para que accedieran a los propósitos sexuales, y les proveía ropa y otros elementos para que permanecieran a su lado.

De igual manera, la Fiscalía constató que los hechos se extendieron mientras el exjefe paramilitar estuvo privado de la libertad luego del proceso de dejación de armas. Noralba Vasco, supuestamente, llevó a las víctimas a los establecimientos carcelarios y gestionó las entradas para que continuaran los encuentros sexuales.

Los registros de las cárceles de La Ceja e Itagüí (Antioquia), y La Modelo de Barranquilla (Atlántico), donde estuvo Giraldo Serna, evidencian múltiples ingresos de las niñas. La hoy procesada, al parecer, presentó documentos en los que se hacía pasar como la mamá o indicaba que eran ahijadas del denominado ‘Señor de la Sierra’, entre otras maniobras.

Para la Fiscalía, Noralba Vasco, presuntamente, sacó provecho económico de las agresiones sexuales contra las menores de edad e incurrió en conductas de violencia basadas en género. En ese sentido, fue acusada por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.

La mujer permanece privada de la libertad desde mayo de 2021, cuando fue capturada y se le resolvió la situación jurídica en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

*Con información de Fiscalía General de la Nación